Hace poco más de una semana, el Parlamento Europeo aprobaba la resolución sobre la neutralidad de la red, aprobada con anterioridad en la Comisión de Industria. La neutralidad de la red es un principio propuesto para las redes de banda ancha de uso residencial, aunque potencialmente es aplicable a todas las redes de comunicación, y que describe cómo debería tratarse el tráfico que circula a través de estas redes. De este modo, una red neutral sería aquella libre de restricciones en el tipo de equipamiento que puede ser usado y los modos de comunicación permitidos, sin restringir los contenidos, sitios y plataformas.
El principio de la neutralidad de la red constituye una condición previa necesaria para el desarrollo de un sistema en Internet que asegure unas condiciones equitativas en el servicio ofrecido a los ciudadanos y empresarios. Por eso mismo, se pide a la Comisión Europea la vigilancia del desarrollo de las prácticas en la gestión del tráfico y los acuerdos de interconexión. De este modo, tal y como exige el marco regulador de la UE en relación con las comunicaciones, se debería evitar el comportamiento anticompetitivo de los proveedores de Internet y la degradación de la calidad del servicio, garantizando que los proveedores de servicios de Internet no bloqueen, discriminen, perjudiquen o mermen la capacidad de cualquier persona a la hora de utilizar, enviar, publicar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio de su elección, independientemente de la fuente o del objetivo.
Desviarse de la neutralidad de la red entraña graves riesgos, como sería la ya mencionada conducta anticompetitiva, el bloqueo de la innovación, las restricciones a la libertad de expresión y al pluralismo de los medios de comunicación. Y todo ello sin tener en cuenta la falta de sensibilización de los consumidores y la intromisión en la intimidad (ya que la falta de neutralidad repercutiría directamente en las prácticas de la gestión del tráfico en la confidencialidad de las comunicaciones), que perjudicaría a las empresas y a los consumidores.
Al supervisar las comunicaciones de Internet de los usuarios, los proveedores pueden violar las normas vigentes sobre la confidencialidad de las comunicaciones. Todavía queda decidir si dicha supervisión, que queda en manos de los proveedores, requerirá el consentimiento previo de los usuarios en casos como la utilización de filtros cuyo objetivo es limitar el acceso a ciertas aplicaciones y servicios como el P2P.
Hace más de un mes, Telefónica ponía en marcha una red especial para clientes corporativos y proveedores de contenidos a través de los Content Delivery Network (CDNs, una potente red mundial de servidores). Esta práctica, utilizada de forma habitual desde hace años, se emplea para que los contenidos lleguen al ordenador de forma más eficiente.
La operadora asegura que no se vulnera la neutralidad de la red ya que simplemente se trata de ofrecer facilidades técnicas mejorando el servicio gracias a un acceso más rápido a los contenidos para ciertos clientes mayoritarios como la Agencia Tributaria, la red social Tuenti (propiedad de Telefónica) y el Cabildo Insular de Palma, que pagarán por el servicio.
Quienes proponen la neutralidad aseguran que las compañías de telecomunicaciones pretenden imponer un determinado modelo de servicio para conseguir beneficios mediante el control y no mediante la demanda de sus servicios. Mientras algunos defienden el sistema adoptado por Telefónica, diarios como Público o El País señalan que el hecho de hacer pagar por los proveedores de servicios y contenidos manifiestan el "empeño de Telefónica por cobrar en la red según se consuma y el tipo de contenido que viaje a través de sus redes, tanto a los particulares como a proveedores de otros servicios".
Alba Capilla Elena
